No hay antecedentes históricos que recuerden a un gobierno completo, desde el presidente hasta el último teniente político, en campaña electoral, violando la ley y los principios elementales de la decencia politica.
No hay escrúpulos, el sumiso Tribunal Supremo Electoral llamado a impedir esta violación legal, mas bien se suma cambiando vocales provinciales a ultima hora para asegurar la mayoria al gobierno correista.
Las personas que conforman la mayoria de Supremo Electoral saben que los recorridos del presidente por el pais arrastrando a su gabinete, convocando gobernadores, comisarios, etc, son acciones ilegitimas que deben ser sancionadas, y tambien conocen que en esta infracciones tambien son responsables quienes lo permitieron pudiendo impedirlo porque se configura el delito por omisión en el que ellos incurren.
Como admitir que las autoridades del estado sean distraídos de las tareas propias de su cargo por las que le pagamos sus salarios para dedicarse a la politiqueria electoral.
Loa almuerzos a prefectos y alcaldes, los adulos visibles a las Fuerzas Armada y el derroche impúdico de nuestros recursos económicos en propagandas millonarias a favor del "SI", se convierte en un delito por el que tarde o temprano tendrán que rendor cuentas. Lo mismo le ocurrirá al Tribunal Supremo Electoral
No hay escrúpulos, el sumiso Tribunal Supremo Electoral llamado a impedir esta violación legal, mas bien se suma cambiando vocales provinciales a ultima hora para asegurar la mayoria al gobierno correista.
Las personas que conforman la mayoria de Supremo Electoral saben que los recorridos del presidente por el pais arrastrando a su gabinete, convocando gobernadores, comisarios, etc, son acciones ilegitimas que deben ser sancionadas, y tambien conocen que en esta infracciones tambien son responsables quienes lo permitieron pudiendo impedirlo porque se configura el delito por omisión en el que ellos incurren.
Como admitir que las autoridades del estado sean distraídos de las tareas propias de su cargo por las que le pagamos sus salarios para dedicarse a la politiqueria electoral.
Loa almuerzos a prefectos y alcaldes, los adulos visibles a las Fuerzas Armada y el derroche impúdico de nuestros recursos económicos en propagandas millonarias a favor del "SI", se convierte en un delito por el que tarde o temprano tendrán que rendor cuentas. Lo mismo le ocurrirá al Tribunal Supremo Electoral
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